Venezuela: costos sociales de la privatización funcional de los medios de pago

En Venezuela, pagar cuesta dinero y depende crecientemente de intermediarios. En abril de 2026, el Pago Móvil concentró 41,64% de las transacciones bancarias y las tarjetas en puntos de venta 34,59%; es decir, 76,23% de las operaciones registradas pasó solo por esos dos canales electrónicos. El uso de esas redes implica comisiones para usuarios y comercios —Pago Móvil registra cargos que pueden rondar 0,30%, según la entidad y la operación—, además de costos indirectos de teléfono, datos móviles, electricidad, equipos de punto de venta y conectividad. La importancia de esos cobros se refleja en la banca: en 2025, el ingreso neto por comisiones representó 32,58% de los ingresos totales de BNC, mientras que en Mercantil rondó 31,7% de sus ingresos financieros y operativos. Cuando el efectivo no funciona como alternativa cotidiana, estos costos dejan de ser el precio opcional de un servicio y pasan a ser una condición para usar el dinero. El impacto recae con mayor fuerza sobre hogares de bajos ingresos, adultos mayores, pequeños comercios, trabajadores informales y personas expuestas a fallas de electricidad o telecomunicaciones. Datos de uso de pagos, BNC, Mercantil

Una economía con efectivo legal, pero poco funcional

Venezuela no ha eliminado el efectivo. Legalmente circulan billetes de Bs. 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500. Sin embargo, su existencia legal no garantiza su utilidad cotidiana. La baja disponibilidad en cajeros, la escasa circulación de monedas, la limitada capacidad para obtener efectivo y la preferencia comercial por pagos digitales han reducido su función como medio directo de pago.

En consecuencia, el ciudadano necesita una cuenta bancaria, un teléfono, conexión de datos o internet, electricidad y una plataforma operativa para realizar pagos básicos. Una compra ya no depende solamente de poseer dinero: depende también de tener acceso a una infraestructura tecnológica.

Las estimaciones disponibles muestran esa transformación. Una encuesta publicada en 2025 calculó que 78% de los pagos se realizaba mediante tarjetas y aplicaciones de pago móvil, mientras solo 11% se efectuaba con efectivo: 5% en bolívares y 6% en dólares. Fenavi / Poder & Estrategia La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico ha estimado una proporción de efectivo de apenas 5%, aunque no ha divulgado una metodología verificable. Cavecom-e

No existe una estadística pública única que permita afirmar con exactitud qué porcentaje de todos los pagos nacionales se realiza en efectivo. Pero las cifras disponibles permiten sostener que los pagos electrónicos dominan la vida económica cotidiana.

Una privatización funcional, no formal

No es correcto afirmar que el bolívar se ha privatizado formalmente. El bolívar sigue siendo emitido por el Estado y conserva curso legal. Lo que se ha producido es una privatización funcional de los medios de pago.

El concepto describe una realidad sencilla: para usar dinero de emisión pública, la ciudadanía debe pasar por infraestructura intermediada. Bancos, redes de tarjetas, procesadores, aplicaciones, operadoras de telecomunicaciones y proveedores eléctricos se convierten en condiciones necesarias para pagar, cobrar o transferir.

El problema no es la existencia de estas tecnologías. Los pagos digitales pueden reducir riesgos, agilizar operaciones y facilitar la inclusión. El problema surge cuando el efectivo deja de ser una alternativa práctica y la red electrónica se convierte en la única vía funcional. En ese caso, el acceso al dinero depende de entidades que pueden cobrar comisiones, imponer límites, suspender operaciones o fallar por razones técnicas.

La investigación académica ha advertido este riesgo. Un estudio publicado en Socio-Economic Review sostiene que el efectivo cumple una función de infraestructura pública de pagos y que su desplazamiento por redes privadas puede profundizar desigualdades sociales. Brandl, Hengsbach y Moreno, “Small money, large profits”

El peso de las comisiones

Las comisiones bancarias no son homogéneas. Incluyen cobros por transferencias, tarjetas, puntos de venta, créditos, garantías, procesamiento de pagos, administración de fondos y otros servicios. Parte del costo lo paga directamente el usuario; otra parte la asume el comercio y puede trasladarla al precio final de bienes y servicios.

La siguiente referencia muestra su importancia en algunos bancos venezolanos:

Banco	Período	Peso de las comisiones
BNC	2025	Ingreso neto por comisiones: 32,58% de los ingresos totales
Mercantil	2025	Ingreso neto por comisiones: aproximadamente 31,7% de ingresos financieros y operativos
BBVA Provincial	2025	Comisiones brutas: aproximadamente 23,6% de ingresos financieros y otros ingresos operativos

Las cifras no son un promedio de toda la banca ni son perfectamente comparables entre sí: algunas reflejan comisiones netas y otras brutas. Aun así, evidencian que la intermediación por servicios y pagos tiene un peso relevante en los resultados bancarios. BNC, Mercantil, BBVA Provincial

El uso de comisiones no es excepcional a escala internacional. En México, las comisiones netas representaron 19% del ingreso operativo de la banca comercial en 2024. HR Ratings, con información de la CNBV La diferencia venezolana no reside simplemente en que existan comisiones, sino en la menor posibilidad práctica de evitarlas mediante efectivo funcional o medios públicos de pago de bajo costo.

Los costos para los hogares

Para un hogar de altos ingresos, una comisión pequeña puede ser imperceptible. Para una familia que realiza muchos pagos de bajo monto, cada cobro consume una proporción mayor de su presupuesto. La carga no se limita a la tarifa bancaria.

Usar dinero electrónico exige mantener un teléfono operativo, pagar por equipos, datos móviles, recargas, reparación de dispositivos y, en ocasiones, servicios de internet. En un contexto de interrupciones eléctricas o baja conectividad, también puede implicar pérdida de tiempo, desplazamientos adicionales o imposibilidad temporal de comprar bienes esenciales.

Así, el costo de usar dinero se vuelve desigual: quien tiene mejores equipos, varias cuentas, saldo suficiente y conexión estable enfrenta menos obstáculos. Quien no los tiene paga más, espera más o queda excluido.

Adultos mayores y población vulnerable

La digitalización puede ser útil para muchas personas, pero no todos enfrentan las mismas condiciones para usarla. Adultos mayores, personas con discapacidad visual o motora, ciudadanos con baja alfabetización digital y habitantes de zonas rurales pueden encontrar barreras importantes.

Una aplicación que exige claves, actualizaciones, biometría o conexión constante no reemplaza automáticamente al efectivo. Para una persona que no domina la tecnología, depende de un familiar o no tiene teléfono inteligente, la autonomía económica se reduce.

El efectivo cumple una función de inclusión porque permite realizar una operación sin contraseña, señal telefónica, batería o conocimiento técnico. Su desaparición práctica puede convertir una limitación tecnológica en una forma de exclusión financiera.

Pequeños comercios y trabajadores informales

Los pequeños comercios también asumen parte del costo de una economía digitalizada. Aceptar tarjetas o pagos electrónicos puede requerir punto de venta, mantenimiento, conexión, cuentas bancarias, comisiones y conciliación de operaciones. Si esos costos no pueden ser absorbidos, terminan incorporándose al precio de venta.

Para trabajadores independientes, vendedores informales y microempresas, los riesgos son mayores. Un límite transaccional, una caída de plataforma, un retraso de acreditación o un bloqueo de cuenta puede paralizar el ingreso diario. El dinero recibido digitalmente no siempre está disponible de inmediato ni puede convertirse con facilidad en un medio de pago alternativo.

En este escenario, la infraestructura financiera deja de ser un servicio complementario y pasa a ser parte del costo de producir, vender y sobrevivir económicamente.

Vulnerabilidad ante fallas de servicios

Una economía sin efectivo funcional depende de electricidad, telecomunicaciones, servidores y redes bancarias. Cuando alguno de esos elementos falla, se interrumpe la capacidad de pago de la población.

Esto tiene implicaciones para emergencias, apagones, eventos climáticos, ataques informáticos o caídas de sistemas. El efectivo no sustituye a la tecnología, pero funciona como respaldo. Permite comprar transporte, alimentos, medicamentos o servicios básicos aun cuando la infraestructura digital esté fuera de servicio.

La resiliencia económica exige diversidad de medios de pago. Apostar exclusivamente por una red digital puede ser eficiente en condiciones normales, pero frágil en condiciones excepcionales.

Datos, privacidad y poder

Los pagos digitales dejan información sobre hábitos de consumo, ubicación, horarios, vínculos económicos y capacidad de gasto. Esos datos pueden servir para prevenir fraude y mejorar servicios, pero también concentran poder en bancos, procesadores, plataformas y autoridades.

Cuando pagar electrónicamente es una opción, el usuario puede valorar sus beneficios frente a sus costos. Cuando es la única alternativa práctica, la entrega de datos deja de ser voluntaria. La privacidad económica disminuye porque participar en el mercado exige dejar un registro.

Hacia una política de pagos con alternativas reales

La respuesta no debe ser rechazar la digitalización. Debe consistir en asegurar que los medios electrónicos sean eficientes, transparentes y de bajo costo, sin eliminar la capacidad de pagar directamente con efectivo.

Una política pública orientada a proteger a los ciudadanos debería considerar:

• Garantizar disponibilidad real de efectivo en denominaciones útiles.
• Establecer operaciones básicas gratuitas o de muy bajo costo para personas naturales.
• Exigir transparencia clara sobre tarifas, comisiones, límites y tiempos de acreditación.
• Crear o fortalecer mecanismos interoperables de pagos inmediatos con vocación pública.
• Proteger a pequeños comercios frente a costos excesivos de aceptación de pagos.
• Mantener protocolos de contingencia ante fallas eléctricas, de internet o de plataformas.
• Fortalecer la atención a reclamos, la protección de datos y la educación financiera digital.
• Publicar estadísticas auditables sobre uso de efectivo, medios electrónicos, comisiones y exclusión financiera.

Conclusión

Venezuela conserva una moneda pública, pero el debilitamiento del efectivo ha hecho que su uso cotidiano dependa de redes privadas o intermediadas. Esa es la esencia de una privatización funcional de los medios de pago.

El debate no debe reducirse a estar a favor o en contra de la tecnología. La pregunta central es si una persona puede usar su dinero sin pagar costos desproporcionados, sin depender obligatoriamente de una plataforma y sin quedar excluida por falta de conectividad, equipo o conocimientos digitales.

Una economía moderna necesita pagos digitales. Pero también necesita efectivo funcional, reglas de protección y alternativas públicas de bajo costo. Sin ellas, la facilidad tecnológica para unos puede convertirse en una barrera económica para otros.